Entre las líneas de actuación prioritarias del Plan de Acción 2010-2012 encontramos algunas que afectan directamente a la vida urbana y la forma en la que se organizan las ciudades:
- Diseño de ventajas urbanas para el vehículo eléctrico. Elaboración de una guía donde se recojan una serie de ventajas que incentiven el uso de estos vehículos, como la circulación en zonas restringidas, ampliación de los horarios de carga y descarga, reserva de espacios públicos para recargas de flotas que presten servicios esenciales (atención sanitaria, policía).
- Asimismo, se propone la creación de un sello de Ciudad con Movilidad Eléctrica como forma de reconocimiento público del esfuerzo local para fomentar el uso de estos vehículos y se firmará un acuerdo específico con la FEMP para la difusión y promoción del vehículo eléctrico. Las localidades para las que están pensadas estas medidas son las 145 existentes con más de 50.000 habitantes.
- Identificación de la demanda de flotas urbanas. Este mismo año se elaborará un mapa de flotas públicas y privadas susceptibles de renovarse mediante vehículos eléctricos.
- Arquitectura legal de los servicios de recarga. Creación de la figura del gestor de carga, un nuevo tipo de agente que tendrá determinados derechos y obligaciones; análisis de las barreras y especificaciones de los nuevos servicios en torno a la recarga y/o sustitución de baterías, electrolineras, y posibles servicios a prestar en los aparcamientos y zonas públicas para la recarga, así como elaboración de la normativa necesaria para prestar estos servicios.
En el otro lado está el efecto tractor que pueda ejercer la demanda pública de vehículos eléctricos por parte de las entidades locales; no olvidemos que las flotas de transporte público son de titularidad y gestión local y a través de ellas y las concesiones y concursos públicos que adjudiquen esa gestión y la compra de los vehículos se prevé la introducción de una buena parte de los 250.000 vehículos eléctricos que se contemplan para 2014. Ahí la experiencia acumulada del impulso de la Comisión Europea de criterios de contratación pública sostenible se presenta como una prueba de que, lo que funcionó en buena medida para introducir en el mercado los primeros vehículos con grandes reducciones de emisiones y una mayor eficiencia (a través de algunos grandes concursos de transporte público), se espera que funcione ahora también para apoyar la introducción del vehículo eléctrico.
La extensión de la red de recarga implica enormes retos para asegurar la fiabilidad y la disponibilidad del suministro; frente a la tendencias de los últimos años a sacar fuera de los centros urbanos las gasolineras, las necesidades del vehículo eléctrico van a implicar una red urbana de puntos de recarga y para ello tendrán que empezar a ponerse de acuerdo los promotores de vivienda y equipamiento, los departamentos de urbanismo y de movilidad urbana y las propias compañías que suministren estos puntos de recarga. Por ejemplo, la ciudad de Vancouver exige ya como requisito del planeamiento que en los desarrollos de viviendas unifamiliares cada vivienda incluya una toma de recarga, así como en el 20% de las plazas de aparcamiento de nuevos desarrollos.
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