Fines de la participación ciudadana en políticas públicas

¿Qué es participar? ¿En qué participar? ¿Para qué participar? Preguntas complejas, sin duda, pero son las que voy a intentar aclarar con algunas ideas, a riesgo de ser sintético, en varios posts. En el blog de Javier Linares surgió un debate interesante sobre la participación, en el que parecíamos estar en desacuerdo sobre hasta dónde llegar con la participación. Y como tuve la impresión de que estábamos de acuerdo en las formas, pero estábamos llamando participación a "cosas" diferentes, me he propuesto ordenar algunas ideas, a ver si nos aclaran algo o, posiblemente, introduzcan más ruido en la blogosfera.

En su momento, cuando escribí junto con otros Criterios generales para la planificación de procesos participativos, trabajamos con el concepto ya clásico de escalera de la participación. Massimo Menichineli recogía hace unos meses en un post algunas de las propuestas sobre este concepto, haciendo un recorrido desde la primera escalera de la participación hasta una última utilizada para la web 2.0. Incluso antes Alorza en Administraciones en red ya había trabajado estos asuntos y Julen por su lado se encargó de apuntar a esa escalera de la Web 2.0. En realidad, hay multitud de propuestas de escaleras de participación, porque se supone que cada tipo de participación está en un nivel superior de profundización democrática y de implicación en el objeto central de "lo participado". Así, una fórmula algo más simple (simplista) que desarrollamos en aquel artículo nos ofrece cinco fines principales de la participación ciudadana:

• Información. Nos referimos aquí tanto a la información de tipo descendente, de las autoridades a la ciudadanía, como a la ascendente, de la ciudadanía a las autoridades. En lo referente a la información descendente, no resulta suficiente su inserción en los boletines oficiales ni el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas por las legislaciones vigentes. La información debe ser visible y accesible y llegar a toda la ciudadanía, incluso a aquellas personas que no parecen mostrar interés alguno por los asuntos públicos. Se trata de proporcionar información en cantidad y calidad suficiente para permitir y facilitar la comprensión de la actividad pública y la formación de una opinión propia sobre ella. La información, disponible en las oficinas de atención ciudadana o mediante la difusión a través de los medios de comunicación locales o de Internet, y la elaboración de documentación específica sobre los planes en marcha deben evitar su utilización propagandística e incluir información detallada sobre las distintas alternativas y las razones existentes para la adopción de una determinada decisión. Por información ascendente entendemos la gestión activa de sugerencias, quejas y reclamaciones, que facilite una verdadera pedagogía de la participación y que siente las bases de un amplio y sólido proceso participativo.
• Consulta. La consulta puede considerarse como un segundo paso en la escala ascendente de la participación ciudadana y puede ser legalmente preceptiva (como en algunos procedimientos administrativos donde existe la información vecinal o pública) o voluntaria, cuando las autoridades locales deciden mejorar sus decisiones teniendo en cuenta la opinión de determinados grupos o individuos afectados o del público en general. Su propósito es recoger una opinión que será o no tenida en cuenta pero que debe contribuir a la toma de decisiones. Existen variados métodos para ello (encuestas de opinión, encuestas de satisfacción, estudios de impacto ecológico, reuniones públicas, referendos consultivos, consejos ciudadanos deliberativos, consultas directas a través de los nuevos medios que ofrecen las tecnologías de la información…) y la calidad de los datos obtenidos depende en buena medida del grado de calidad de la información con la que cuente la población para emitir su juicio u opinión.
• Concertación. Las autoridades reconocen a la ciudadanía como experta o interesada en las cuestiones que le afectan e implica su intervención permanente en estructuras sectoriales o territoriales, en los procedimientos administrativos o en la formulación de las políticas públicas locales, facilitando ciertos mecanismos de consenso pero sin comprometer obligatoriamente a las autoridades en ellos.
• Codecisión. Es la inclusión de la ciudadanía en la adopción de decisiones vinculantes para las autoridades, lo que implica compartir el poder y un compromiso contractual con un elevado grado de implicación. Algunas fórmulas de codecisión son los referendos decisorios, los consejos ciudadanos vinculantes, los presupuestos participativos, etc.
• Cogestión. La aplicación de una política pública también tiene su modalidad participativa mediante la cogestión o coparticipación de las autoridades y la propia ciudadanía en la gestión de los asuntos colectivos. A veces, se produce como consecuencia de un proceso de codecisión, pero también pueden adoptarse acuerdos de partenariado entre la institución pública y el tejido social, organizados sobre programas de acción previamente decididos, al menos en sus objetivos, por las autoridades; en algunas ocasiones, los ciudadanos y ciudadanas se apropian del proceso, dando paso a la autogestión.

Normalmente he tendido a pensar que este modelo tan lineal nos distrae demasiado. Es muy lógico, muy secuencial, pero nos lleva a pensar en términos de máximos, a descartar algunas opciones intermedias, a pensar que siempre nos dejamos algo. Siempre seré un aspirante a los máximos en estos temas -aún no me han convencido de lo contrario-, pero creo que hay que jugar con un poco de realismo y tratando de integrar de la forma más eficaz posible la participación ciudadna en los procesos de decisión y de gestión pública.

Por eso, creo que es más importante fijarse en otras cosas, de las que hablaré mañana para no hacer muy largo este post.

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